Tomado de Realidad 360

En una entrevista brindada al portal Cerosetenta (070), Víctor Barrera, politólogo e investigador del equipo Estado, Conflicto y Desarrollo del CINEP, cree que el fallo de la Corte Suprema de Jusitica, respecto a la protesta social, responde a una conducta histórica de la Fuerza Pública ante las demandas democráticas de la sociedad.

La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno Nacional reestructurar las directrices frente a las manifestaciones sociales en el país ya que hayaron una “intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” de la fuerza pública frente a la protesta social, ordenando, de igual manera, la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el ESMAD, con la cual, en apariencia no letal, asesinaron al estudiante Dilán Cruz el 23 de noviembre de 2019, en el marco del Paro Nacional.

Victor Barrera, quien ha estudidado el comportamiento de la protesta social en Colombia, cree que el fallo de la Corte es un “pronunciamiento apenas sensato […] hay una deuda muy grande desde hace mucho tiempo en Colombia sobre este tema (la protesta) […] el pronunciamiento de la corte responde a antecedentes de la misma”.

Barrera asegura que la decisión de la Corte abre un debate que la misma ciudadanía, y otras instituciones, venían discutiendo, además, según cifras recogidas por la CINEP, en muchas ocasiones la Fuerza Pública suele asumir que al desarrollarse las protestas sociales se está incurriendo en delitos. Barrera, en la entrevista, dice que existe una “histórica criminalización de la protesta social en Colombia, que suele considerarla como el escenario que propicia delitos” o se presta a ser “el escenario a través del cual los grupos armados ilegales están motivando y azuzando los ánimos” por lo cual “se configura un hecho en donde se pueden cometer abusos”.

Al referirse sobre el uso de la fuerza dice que no existe una “norma explícita que prohiba el uso de cierto nivel de fuerza” o sobre las cosas que no deben hacerse frente a la protesta social. Recalca que hay ambigüedad en la normatividad que “habilita que haya lugar a ciertos abusos de los marcos normativos […] A medida de que el conflicto armado empezó a enfriarse, en términos de enfrentamiento militar, el Ejército dejó de tener el primer lugar en términos de violación hacia los derechos humanos […] y lo tomó la Policía con un repunte a partir del 2011 con estos abusos”.

La presunta infiltración de grupos armados en la movilización social es “un negacionismo de vieja data en Colombia y se convirtió en la excusa de los gobiernos para negar los reclamos legítimos de la ciudadanía. Es mucho más fácil señalar la infiltración […] que hacerse cargo de lo que el Estado debe solucionar”.

Para leer la entrevista completa y sin editar, haz clic aquí.

Fuentes consultadas: Cerosetenta (070) 

COMUNICADO 03 ORGANIZACIONES SINDICALES FISCALIA GENERAL NACION

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