Tomado de France24 

En una entrevista realizada por el diario El Espectador a tres integrantes de la campaña “Defender la Libertad”, compuesta por más de ochenta organizaciones sociales dedicadas a denunciar abusos de poder y detenciones arbitrarias en las jornadas de protesta social en Colombia, se cuestionan cómo la fuerza pública reacciona ante las manifestaciones ciudadanas cuando se registran denuncias de golpizas, torturas y excesos policiales en contra de los manifestantes. 

El Espectador habló con Óscar Ramírez, Brahiam Corredor y Jenny Romero, integrantes de la campaña “Defender la Libertad”, quienes se encargan de monitorear, documentar y denunciar las detenciones arbitrarias, abusos policiales y la persecución judicial durante las protestas. Estas personas realizan interlocución antes, durante y después de las manifestaciones con las autoridades de policía y las administrativas con el fin de garantizar un óptimo desarrollo en las jornadas sin que haya incidentes. 

Normalmente, cuando se van a realizar las manifestaciones, se desarrollan diferentes roles alrededor de las manifestaciones: hay uno de coordinación para establecer los puntos de un recorrido que requieren mayor cobertura, y otro con las autoridades para la logística. También existen comisiones de verificación compuestas por tres personas (que hacen registro escrito y audiovisual y diálogo con la fuerza pública), quienes se coordinan con otros defensores que, desde las oficinas, van documentando la información que reciben. Al mismo tiempo se da una vocería ante las instituciones en tiempo real, la cual se hace desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá, conocido como C4.

Óscar Ramírez, abogado del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, narra cómo se vivieron, desde el C4, los hechos donde mataron a Dylan Cruz. “El día que mataron a Dilan Cruz yo estaba en el C4 y veníamos advirtiendo que eso podía pasar. La fuerza pública estaba atacando a los manifestantes sin justificación. Recibí una llamada previa para que me comunicara con las comisiones porque los tenían encerrados (a los marchantes) y el Esmad estaba atacando. Yo llamo. Entra la llamada y cuelgan. Al minuto me la devuelve una persona completamente desencajada. Vimos las cámaras y se ve que a Dilan lo están reanimado”. 

Jenny Romero, quien se encuentra presente en las manifestaciones, cuenta que la coordinación es clave en estas jornadas. “Nos presentamos ante las autoridades, verificamos que estén plenamente identificados y, si no, lo registramos. Acompañamos la movilización, explicamos los derechos de la protesta y damos el número de urgencia”. Además, cuenta que la policía suele minimizar el rol de la mujer defensora de derechos humanos, la cual suele ser agredida verbalmente, inclusive con connotaciones de carácter sexual. 

Brahiam Corredor, integrante de la corporación jurídica Humanidad Vigente, cuenta que las detenciones de personas en el marco de las protestas suelen tener en el fondo una intención de corregirlas por haber salido a manifestarse. Existen dos procedimientos diferentes; una captura con fines de judicialización, caso en el cual una persona es llevada a una URI, y el traslado de protección, que es una figura contemplada en el Código de Policía para controlar personas que estén en un estado grave de alteración o vulnerabilidad, caso en el cual son llevadas a los Centros de Traslado por Protección CTP). Para Corredor, esta modalidad “se ha venido aplicando a los marchantes para intimidarlos. Desde noviembre de 2019 se han reportado más de 2.500 detenciones por CTP y eso es un subregistro (…) las personas trasladadas son golpeadas y las mantienen doce horas en los CPT sin alimentación ni comunicación. (…) Hemos notado que en el medio de los disturbios no se aprehende a las personas que son responsables de los hechos, sino que cogen a transeúntes con la intención de mostrar resultados. Ejemplo: estoy defendiendo a un chico que vio cómo golpearon a un policía que perdió el casco. Él fue y se lo entregó ¡y lo arrestaron!”. 

Óscar Ramírez comenta que en Colombia manifestarse “se considera un hecho de peligrosidad que hay que controlar. Usan la detención por protección con fines de castigo. (…) La violencia del Estado hacia la ciudadanía me preocupa, me preocupa que la negativa al diálogo del gobierno Duque sea el principio de un nuevo ciclo de violencia”.

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Fuentes consultadas: El Espectador